Cláusulas suelo: los desahucios son nulos

Cláusulas suelo: los desahucios son nulos

El magistrado Francisco Javier Orduña sostiene que los desahucios que sean consecuencia de la aplicación de alguna de las cláusulas suelo que hayan sido declaradas nulas, deben ser nulos. Por lo tanto, el desahuciado debe recuperar la vivienda. De la misma manera, defiende que la nulidad de estas cláusulas no solo debe aplicarse a las personas físicas sino también a las jurídicas (empresas). Según él es la capacidad, el conocimiento y la experiencia necesarios para entender los efectos de estas cláusulas cuando no son transparentes la clave del asunto.

No todas las cláusulas suelo son nulas por principio

Orduña fue autor del voto que se oponía a la sentencia del 9 de mayo de 2013 —la que condenó a BBVA, Abanca y Cajamar— precisamente por no conceder la retroactividad total. Es decir, la sentencia del Tribunal de la UE le ha dado la razón. El magistrado ha recordado en un curso de la escuela de negocios CEF en Madrid que no todas las cláusulas suelo son nulas por principio, sino que el Supremo debe decidir caso por caso, como sostienen las entidades que no han sido condenadas. Ahora bien, advierte de que toda cláusula no transparente es nula, y para eso debe estar claramente destacada en el contrato hipotecario (si el suelo está incluido en la misma cláusula que establece el tipo de interés variable, es nula), así como las implicaciones económicas para el cliente.

“Si es nula la cláusula suelo que permite al banco ejecutar la garantía del préstamo, también es nula dicha ejecución. El efecto disuasorio es pleno o no lo es, no se puede fraccionar. La ejecución es un efecto reflejo, trae causa de la cláusula abusiva. Si el pacto no ha existido, tampoco puede existir la ejecución”, ha dicho el magistrado. Ha explicado que un argumento que utiliza la banca es que, si va a un procedimiento civil por impago, el hipotecado lo va a tener peor. “Que me explique alguien cómo va a estar peor que si ha sido ejecutado. Preferirá siempre no estar ejecutado y que el banco le ponga un procedimiento civil”.

Aplica a las empresas

Este juez también ha entrado en otro de los puntos polémicos de la sentencia europea: si solo se aplica a las personas físicas, ya que se deriva de una directiva europea de protección de los consumidores, o también a las jurídicas. El caso es muy habitual: una empresa que hipoteca la vivienda de su propietario o una nave, y que también tiene cláusula suelo. A su juicio, la nulidad debe extenderse también a las empresas porque “no son categorías jurídicas, son categorías económicas. Una empresa no es necesariamente una experta en el ámbito financiero; imaginemos un fabricante de muebles”.

Según su argumento, ni siquiera vale con que sea economista ni con que la empresa tenga un director financiero. “La aspiración de la norma es combatir la abusividad allá donde esté, y de hecho ya se aplica este principio en la ley de morosidad”, ha sentenciado. Por eso, Orduña también hizo un voto particular en una sentencia del Supremo de 2016 en la que no se dio la razón a una farmacéutica con cláusula suelo independientemente de que fuese una empresaria.

Si renunciaste a reclamar te lo van a poner difícil

Este magistrado no ha querido entrar en otros aspectos que acabarán llegando a la Sala de lo Civil del alto tribunal. Casos como la devolución de las cantidades anteriores a 2013 en el caso de las entidades condenadas que han reintegrado lo cobrado de más hasta esa fecha. O el caso de los clientes que han firmado una renuncia a reclamar a cambio de que su banco les retire la cláusula suelo. Sin embargo, ha admitido que cuando hay una advertencia destacada, “el cliente no podrá decir que no fue advertido en sede judicial”.

Pero después de la experiencia de las cláusulas suelo, las entidades se han curado en salud: en muchos casos, el cliente ha tenido que redactar de su puño y letra esta renuncia a las acciones legales o un documento en el que asegura que comprende los efectos de la misma y los acepta voluntariamente. Por tanto, Orduña apoya la tesis mayoritaria de que estos clientes van a tener complicado recuperar el dinero pagado indebidamente, tal como advirtió El Confidencial.

los bancos no tienen medios suficientes para tramitar las devoluciones

A la espera de la fórmula extrajudicial que ayude a tramitar las devoluciones de las cláusulas suelo del Gobierno, estamos asistiendo a una lluvia de reclamaciones de afectados. La intención del Gobierno al tramitar de manera urgente el sistema extrajudicial de las cláusulas suelo es evitar que el volumen de demandas a los tribunales se multiplique. Pero eso es, precisamente, lo que está sucediendo.

En el segundo intento de aprobar con urgencia un sistema de cobro, se dan nuevas dudas. Inicialmente, el plazo de cobro era de 54 días. Esta semana, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció su ampliación a 90 días. Pero estos tres meses en los que los bancos estudiarán reclamaciones, calcularán las indemnizaciones y harán una oferta a sus clientes puede quedarse corto para las entidades. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, advirtió ayer en una entrevista en Onda Cero que los bancos no tienen “ni medios materiales ni gente suficiente” para tramitar la devolución de las cantidades cobradas.

Sistema extrajudicial de indemnizaciones

Los ministerios de Justicia, Economía, Sanidad y el Banco de España están presentes en la elaboración del sistema extrajudicial de indemnizaciones por cláusulas suelo opacas. De hecho, formarán parte de la comisión interministerial de seguimiento que llevará aparejado el real decreto que se tratará de aprobar mañana.

La Asociación Española de la Banca (AEB) rechazó ayer hacer cualquier valoración sobre los medios con que cuenta el sector para gestionar las reclamaciones. A partir del plazo de un mes deberán hacer frente a las reclamaciones de 1,5 millones de afectados por un valor máximo de 4.200 millones de euros.

El esquema previsto hace obligatorio para los bancos estudiar y dar respuesta a todas las reclamaciones que lleguen amparadas por el real decreto. Para ello, la entidad debe contar con una “unidad con recursos suficientes” para garantizar la aplicación del sistema según rezaba el proyecto que originalmente pretendió aprobar el Gobierno. No obstante, algunos de los bancos afectados consideran que el plazo para atender el volumen de solicitudes que se puede generar es demasiado ajustado. Dicen que por evitar un atasco en los tribunales se puede generar el mismo atasco en los bancos, con riesgo de incumplimiento de los plazos fijados.

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Fuente: Eduardo Segovia (www.confidencial.com) / César Urrutia | Daniel Viaña (www.elmundo.es)