REPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN

REPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN

I INTRODUCCIÓN:

El proceso constructivo supone un complejo entramado de funciones, actividades y obligaciones de las diferentes personas (físicas o jurídicas) que participan en el mismo; iniciándose con la elaboración de un proyecto, continuando con la propia ejecución de las obras, para finalizar con la entrega del inmueble al propietario o adquirente.
Una vez terminada la obra, el destinatario final del inmueble puede encontrarse con que existen determinados vicios o defectos constructivos o de acabados, que pueden ocasionar daños de diferente índole y, por tanto, ello dará lugar a distintos supuestos, tanto de imputación de responsabilidad a los diversos agentes intervinientes en el proceso constructivo, como de plazos durante los que cada uno de ellos responderá civilmente; existiendo distintas vías de defensa para el perjudicado.
Hasta la entrada en vigor de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), la regulación de la responsabilidad por vicios ocultos se recogía en el artículo 1.591 del Código Civil (“el contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados desde que concluyó la construcción; igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicio del suelo o de la dirección. Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción de indemnización durará quince años”). La LOE no ha derogado expresamente dicho artículo, por lo que esta materia encuentra su regulación específica en ambos.

II RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO:

El artículo 17 de la LOE detalla las distintas responsabilidades por los daños causados, a los propietarios o adquirentes de un inmueble, por algún defecto constructivo o de acabado y los períodos de garantía por los que responde cada uno de los intervinientes en el proceso de edificación.
En el Capítulo III de la LOE se definen claramente los distintos agentes intervinientes en el proceso y las obligaciones de cada uno de ellos.
Así, hemos de diferenciar distintos supuestos:

  • a Daños materiales causados en el edificio por los vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga y otros elementos estructurales y comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio: plazo para responder por los mismos de 10 años, contados desde la fecha de la recepción del a obra.
  • b Daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad de artículo 3.1.c) de la LOE (recoge varios supuestos, pero cabe hacer hincapié en el último, que al ser genérico podría incluir prácticamente cualquier defecto de este tipo, pues hace referencia a “aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que no permitan un uso satisfactorio del edificio”): plazo para responder por los mismos de 3 años, contados desde la fecha de la recepción de la obra.
  • c Daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras: plazo para responder por los mismos de 1 año, contado desde la fecha de la recepción de la obra.

Es muy importante que, al finalizar la obra, se firme el Acta de Recepción por todos los agentes intervinientes, ya que es el documento en el que consta la fecha a partir de la cual comienzan a contar los períodos de garantía (art. 6.2 de la LOE).
Es muy habitual en el caso de viviendas unifamiliares, en las que el propietario contrata directamente con el constructor, que este documento no se llegue a firmar, lo cual complica las reclamaciones.
Producidos los vicios o defectos dentro del periodo de responsabilidad indicado para cada supuesto, nace la acción para exigir la reparación, la cual está sometida a un plazo de prescripción de dos años (art. 18 LOE) a contar desde que se produzcan dichos daños. Existiendo jurisprudencia que respalda que ese cómputo deberá realizarse desde que el daño se pudo conocer (STS de 17 de septiembre de 1996).
De los daños indicados en el apartado C.-, responde el constructor; con respecto a los descritos en los dos primeros puntos (A.- y B.-) responderán todos los intervinientes en el proceso constructivo.
En este sentido, la regla general establece que la responsabilidad será exigible de forma personal e individualizada; pero para supuestos en los que no sea posible realizar esa individualización, esa responsabilidad se exigirá solidariamente.
Así lo entiende la jurisprudencia, valiéndonos de la STS de 22 de marzo de 1997 que dice:
“cuando el suceso ha sido provocado por una acción plural, sin que pueda precisarse la proporción en que cada uno de los factores ha influido en la ruina ocasionada por la conjunción de causas, de modo que resulta imposible discernir específicas responsabilidades de técnico y contratista en el resultado y consecuencias de la obra defectuosa, habrá lugar a la condena solidaria de los intervinientes en la edificación (SSTS de 9 de noviembre de 1994 y 3 de abri1 de 1995), teniendo declarado igualmente esta Sala que la solidaridad dimana ‘ex lege’ respecto de los ejecutores de la obra cuando no se puede perfilar la identidad individualizada de alguno de ellos dentro de cada sector (SSTS 14 de noviembre y 1 de diciembre de 1984, y 3 de febrero de 1991, lo que se reitera en la sentencia de 3 de julio de 1995.”
En este sentido, la STS de 6 de febrero de 1996 esclarece:
La doctrina constante de esta Sala en esta cuestión viene declarando que “aunque no se hubieran demandado a todos cuantos intervinieron en la ejecución de las obras, la excepción de litisconsorcio pasivo no procede ser apreciada en los supuestos de aplicación del art. 1.591 CC, al predominar el principio responsabilidad solidaria, con arreglo al cual y, al no ser posible la individualización de las respectivas actuaciones de quienes llevan a cabo las obras para desvanecer la responsabilidad plural, esta resulta prioritaria”
La Sala I del Tribunal Supremo hace referencia a que en muchas ocasiones no puede imponerse al perjudicado la averiguación y la prueba de la causa del daño que ha sufrido, cuando ha de hacerse frente a la actuación de distintos profesionales, especialmente técnicos que obtienen beneficios por sus actos, y que han de aplicar reglas especiales de cuidado. Deben ser los demandados los que deben probar que la ruina se produjo al margen de su correspondiente actuación, por tanto para quedar excluido de esa responsabilidad será el facultativo o el constructor, quienes deben demostrar la desconexión entre su función como técnico o ejecutor de la edificación, y el defecto constructivo concreto.
Es decir, cuando en el plano del nexo causal resulta difícil determinar la parte de responsabilidad de cada uno, debe proceder la responsabilidad solidaria, ‘social’ o impropia, de todos ellos.
Por otro lado, la Disposición Adicional 7.ª LOE, recoge la figura de la “llamada en garantía”, permitiendo al agente del proceso constructivo demandado pedir, al emplazamiento para contestar, que se notifique la demanda a los demás agentes, que serán emplazados también, con advertencia de que la no comparecencia no evita que la sentencia que se dicte les pueda ser opuesta y ejecutada. Caso de intervención provocada de tercero por el demandado del art. 14 LEC.

III OTRAS ACCIONES QUE PUEDEN SER EJERCITADAS POR EL PERJUDICADO:

En lo relativo a la construcción, además de la acción recogida en la LOE, expuesta en el punto anterior, existen otras dos posibles acciones:

  1. Acción de responsabilidad extracontractual por el daño causado con intervención de cualquier género de culpa o negligencia de los arts. 1.902, 1.903, 1.907 y 1.909 Código Civil.
  2. Acción de carácter contractual, cuyo soporte legal, por incumplimiento de las cláusulas del contrato de compraventa o de ejecución de obra (según el caso) serán los arts. 1.091, 1.098, 1.101, 1.166, 1.258, 1.278 del Código Civil, en tanto en cuanto también el propietario-adquirente de la vivienda es el consumidor final.

La STS de 21 de Marzo de 1996 señala:
“Al margen de la responsabilidad decenal del artículo 1591 del Código Civil, puede producirse responsabilidad por incumplimiento contractual, cuya acción está sometida directamente al plazo prescriptivo de quince años del artículo 1964 del Código Civil. Afecta exclusivamente al vendedor y que puede resultar compatible con el artículo 1591, por referirse a que la cosa enajenada debe ser apta para la finalidad con que es adquirida (sentencias de 13-7-1987 y 4-12-1992, entre otras)”
Así la STS de 24 de septiembre de 1996, ante el recurso planteado por la parte demandada fundado en que se trata de meros defectos constructivos y no de ruina, la Sala I del Supremo desestima el motivo alegando que “la demanda se fundó tanto en dicho precepto del art. 1591 como en los artículos 1.101 y 1.258 del Código Civil, esto es, en lo pactado, que también genera obligación de reparar lo mal hecho por los vinculados contractualmente”
La STS de 2 de diciembre de 1994 aseveraba en su Fundamento Jurídico Segundo: “Consistiendo tales defectos constructivos en el desprendimiento de losetas en las fachadas sur, levante y poniente del edificio y grietas en esas fachadas que provocan humedades en las paredes, tales defectos han de considerarse como graves que hacen potencialmente inhábiles las viviendas a las que afectan para su destino y suponen, en todo caso, un incumplimiento contractual imputable al constructor, habría de responder de su reparación de acuerdo con la regulación general de las obligaciones y contratos que establecen los arts. 1.091,1.098, 1.101, 1.166 y 1.258 del Código Civil”
La STS de 28 de enero de 1994 señala: “En una función integradora del art. 1591 CC, la jurisprudencia ha venido a incluir entre las personas intervinientes en el proceso constructivo sujetas la responsabilidad que en el citado precepto se regula a constructor-promotor, que reúne generalmente en una misma persona el carácter de propietario del terreno, constructor promotor de la edificación llevada a cabo sobre aquél, enajenante o vendedor de los diversos locales o pisos en régimen de propiedad horizontal, con beneficio económico de todo el complejo jurídico constructivo, etc. lo que no impide que para la realización y ejecución del proyecto, utilice personal especializado, el que ha de contratar, incluido el constructor o ejecutor material de los distintos elementos que integran el conjunto del edificio, incluso ha dicho la Sentencia de 13 de julio de 1983 que la responsabilidad del promotor viene derivada de los contratos de compraventa por los que transmitió las viviendas y locales radicantes en el edificio, por lo que, al margen de la responsabilidad decenal que el art. 1.591 CC sanciona, corresponde la derivada de aquella otra mera por el incumplimiento de sus obligaciones como vendedor le corresponden”

IV CONCLUSIÓN:

A la vista de todo lo expuesto, debemos hacer referencia a que la LOE ha venido a apoyar la jurisprudencia existente, que cumplimentaba lo establecido en el artículo 1.591 del CC.
Hemos de destacar que, el principio que prima a la hora de exigir responsabilidades frente a los diferentes agentes que han intervenido en el proceso constructivo (promotor, constructor, aparejador, arquitecto superior, etc), es el de imputar la responsabilidad a cada uno de ellos de forma personal e individualizada, no obstante, si dicha individualización no puede llevarse a cabo, responderán de forma solidaria.